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Palabras clave: Corredor Interoceánico, resistencia comunitaria, territorio, logística,
clusters. Resumen: Uno de los proyectos prioritarios del presente gobierno (2018-2024) es la puesta en marcha del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), el cual deberá unir los
puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz en 3 horas, convirtiéndolo en un centro logístico y de manufactura. Asimismo se contempla la creación de un enclave energético-industrial que mejore el potencial exportador para competir, gracias a su posición geoestratégica, en los mercados mundiales de movilización de mercancías, bienes y productos. Está planeado como una serie de corredores multimodales, basados en infraestructura de transporte de mercancías y de energía que comprenderá a 98 municipios, 46 en el estado de Oaxaca, 33 en Veracruz, 14 en Chiapas y 5 en Tabasco. Según diferentes autores, se trata de un megaproyecto de infraestructuras de alcance geopolítico y privado, cuyo objetivo central es la transformación territorial de la región sur-sureste de México en función de intereses económicos transnacionales. En él destacan dos objetivos: 1) el traslado de bienes naturales, en particular minerales e hidrocarburos, a través de su expoliación y, 2) la creación de diferentes polos industriales de desarrollo. Lo que nos interesa, en el presente trabajo, es el segundo objetivo, debido a que, en el marco del CIIT, se ha proyectado instalar, en su primera etapa, 10 parques industriales, llamados Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS), los cuales tienen el propósito de captar el flujo migratorio centroamericano, además de reestructurar la vida y los territorios de las comunidades indígenas y campesinas de la región para insertarlas en el mercado.
Estos parques, conocidos también como zonas francas, son el eslabón de un más amplio plan de reconfiguración territorial a nivel global. En los hechos, desde hace algunos años está en camino una reorganización del sistema productivo que sobreviene a través de una fase avanzada del capitalismo extractivista, que lleva consigo el reordenamiento de la geografía del planeta mediantes nuevos esquemas de integración, de asimilación y de desigualdad. En la base de este proceso se encuentran los megaproyectos, su conexión y el traslado en tiempo real de las materias primas procesada a lo largo de los corredores, siempre bajo una “mirada productivista y eficientista del territorio, el cual sigue siendo sacrificable” (Svampa, 2013). Los mega corredores de infraestructuras, las zonas francas y los sistemas de interconexión ligados a ellos representan la consolidación de un modelo de desarrollo, que incluye el transporte y la logística como parte del proceso productivo, componentes que buscan la reducción del tiempo y el espacio, con el objetivo de aumentar la ganancia a partir de la entrega de la materias primas ya procesadas just in time a escala global.
Los proyectos industriales que se prevén desplegar en el CIIT responden a la llamada ventaja comparativa, donde a los recursos naturales que van a ser despojados, ya sea hídricos, minerales o petroleros, se añade la mano de obra abundante, con costos competitivos a nivel mundial; es decir, se aprovechará el capital natural y social de la región. Los PODEBIS abarcarán un área de más de nueve mil kilómetros cuadrados, territorio en su mayoría de propiedad social (95 % ejidos), donde viven más de medio millón de indígenas. La idea de fondo para la realización del Proyecto es arrebatar la posesión efectiva de la tierra a esta población.
El presente trabajo pretende dar cuenta de los planes del gobierno mexicano y de empresas transnacionales relacionados con los PODEBIS; los antecedentes más próximos a nivel nacional y global, los clusters como pilares de una estrategia geopolítica fundamentada en la importancia de la logística de las infraestructuras y en la economía de enclave. Asimismo, se abordarán las severas afectaciones que causarán en la vida campesina e indígena, principalmente de orden social, económico y ambiental, puesto que el proyecto implica separarlos de sus medios de subsistencia y forma de vida y transformarlos en obreros consumidores al servicio de empresas extrañaras.
Igualmente se abordará la resistencia en contra del CIIT y de los PODEBIS, los cuales han generado, y en algunos casos reactivado, procesos organizativos de lucha por parte de quienes habitan en los territorios que se verán afectados. Esta situación de conflicto no es una novedad: es parte de una confrontación incesante desatada por el gran capital para privatizar la propiedad colectiva de la tierra y despojar los bienes naturales, ofensiva que juega en contra de la organización comunitaria de los pueblos en defensa de sus territorios, acción que se ha vuelto bastión de resistencia en contra de los “proyectos de muerte”. En nuestro caso, las comunidades y organizaciones del Istmo de Tehuantepec, que tienen una larga trayectoria de lucha en contra de proyectos hidroeléctricos, eólicos y mineros, se han unificados en un gran espacio de coordinación a través de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo Oaxaqueño en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT). Su lucha es por la preservación de recursos naturales, saberes, identidad, formas de justicia y organización social por medio de autogobiernos que se fundamentan en la democracia directa y participativa. En estas luchas socio ambientales, que hoy atraviesan a todo el continente, convergen matriz indígena-comunitaria, lenguaje acerca de la territorialidad y discurso ambientalista. Finalmente, el CIIT se inserta en una más amplia disputa por el territorio como producto de diferentes visiones y procesos sociales, entre las comunidades indígenas y campesinas y los sujetos que encabezan una profunda transformación en la estructura productiva global, llamada just in time economy, que ha identificado su línea más avanzada de desarrollo económico en la compresión del espacio-tiempo como nueva forma de organizar la producción a escala mundial.

Palabras clave: Violencia territorial, despojo, soberanía alimentaria y territorialidades. Resumen: El daño que se le hace a un territorio y a la Madre Naturaleza, es también un tipo de violencia. Paralelamente, las mujeres indígenas viven violencias múltiples que tienen una carga racista, clasista, machista e histórica. La violencia territorial también es ejercida sobre ellas a través de la relación con su territorio y la Madre Naturaleza, así como con los roles que cumplen en sus comunidades y en sus pueblos. Por ello, en esta ponencia se compartirán los puntos clave y las reflexiones en torno a esta relación de las mujeres indígenas de los pueblos ashéninka y shipibo konibo en la región Ucayali, en Perú. Después de la experiencia pedagógica de una escuela sobre defensa territorial, impulsada por la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP); las mujeres indígenas recordaron y compartieron entre ellas gran parte de sus conocimientos —heredados durante siglos— sobre sus aguas, plantas medicinales, animales, árboles sagrados, cielo, suelo y bosques: su territorio ancestral. Tener presente esta herencia es revitalizador, al mismo tiempo que doloroso por el contexto en el que transcurre su cotidianeidad: empresas extractivas madereras, narcotráfico, monocultivos e invasión de terceros en sus comunidades. De igual manera, viven con roles reproductivos y de cuidado muy marcados: lavar, limpiar, cocinar, tener hijos, cuidarlos, cuidar a la familia, a los animales y participar en las actividades de la comunidad, aunque casi nunca se escuchen sus voces. A pesar de ello, conservan memorias, conocimientos y haceres que saben que son valiosos (aunque solo puedan comentarlos entre ellas), como la partería, la artesanía, el uso de herbolaria, la posibilidad de conectar con los seres del bosque y del agua y la capacidad de leer a la luna para sus actividades en las agriculturas. Sobre este último punto se ahondará, pues es en los alimentos que se concentran gran parte de sus luchas, resistencias y sentimientos frente a la violencia territorial, además que es uno de los vínculos más importantes con el territorio y la Madre Naturaleza, lo que aporta a la continua construcción de la territorialidad desde su cosmovisión. Son conscientes de que tener un alimento implica un proceso y esfuerzo, desde la preparación de la tierra, siembra, cuidado de los cultivos, hasta su cosecha e ingesta. Sus prácticas agrícolas son de las enseñanzas más ancestrales e íntimas que preservan. Con ellas conectan con el suelo, con el agua, con el sol, con la luna: los elementos espaciales dan información sobre los mejores momentos para cada etapa. Al momento de comerlos, tanto el pueblo ashéninka y shipibo tienen recuerdos de cómo lo hacían los ancestros y cómo se da actualmente: antes se solía comer con la familia extensa, tocando la comida (sin tenedores, cuchillos o cucharas), hablando entre ellos y ellas. Ahora cada familia come en su casa, cada persona come con su plato y cubiertos. Alertadas por esto, las mujeres indígenas se encuentran trabajando para fortalecer su soberanía alimentaria, aquella que les nutre bien y para la cual no tienen que entrar en comercios injustos y lógicas capitalistas ajenas a sus herencias ancestrales. Ellas saben que rescatar esta soberanía es una pieza fundamental para recuperar sus territorios del despojo y saqueo. Por lo mismo, es una herramienta importante para apaliar la violencia territorial a la que se ven expuestas todos los días, junto con las otras violencias estructurales.

Palabras clave: Ordenamiento territorial, conectividad ecológica, agroecología urbana, conflictos ambientales. Resumen:
Introducción: Mediante esta ponencia se presenta el proceso de historización del conflicto ambiental urbano del ecoterritorio Alto Fucha a través del mapeo en SIG de: primero, la
cartografía oficial y el ordenamiento territorial hecho por las instituciones del gobierno distrital, desde la declaración de riesgos y el reasentamiento sin garantías; segundo, y con
mayor énfasis, desde la cartografía social hecha con la comunidad, sistematizando los esfuerzos colectivos por la permanencia en el territorio y el derecho a la ciudad, mediante la
agroecología urbana y otras estrategias de gestión ambiental comunitaria que derivan en una propuesta alternativa de la producción del espacio urbano y el ordenamiento territorial
con perspectiva ambiental y comunitaria.
El conflicto: El Alto Fucha es un territorio periférico compuesto por siete barrios de la localidad cuarta de San Cristóbal en la ciudad de Bogotá (Colombia), denominado así por
sus habitantes al ubicarse sobre la cuenca alta del río Fucha con el que existe una fuerte relación ambiental además de rodearse por los cerros orientales (declarados reserva
ecológica de carácter nacional) y estar muy cerca al centro de la ciudad, lo cual le otorga un alto valor estratégico por el que se ha querido reasentar a la población para implementar
megaproyectos ecoturísticos e inmobiliarios en el lugar, aplicando una política de reasentamiento apoyada en conceptos y diagnósticos técnicos de declaración de riesgo que
que determinaron para todos los barrios niveles de amenaza media y alta de afectaciones como remoción en masa y rondas hídricas, presionando a muchas familias a demoler sus
hogares con la incertidumbre de ya no tener una casa propia , y que dejó en los barrios focos de inseguridad y contaminación sin que ninguna entidad se hiciera responsable de los
predios que dejaron huérfanos.
Así, se reconoce que el riesgo nunca se trató de una cuestión técnica, sino de una cuestión esencialmente política para intentar despojar a la comunidad de su territorio, donde la
mitigación del riesgo y la inversión pública estuvieron disponibles solamente para el sector inmobiliario, ignorando las propuestas construidas por la comunidad.
Pese a la desidia institucional por reconocer y garantizar los derechos de los habitantes, la comunidad del Alto Fucha encontró una alternativa en las huertas comunitarias que les
permitió desarrollar no sólo un ejercicio de agroecología urbana que recupera los predios huérfanos y los transforma en espacios comunitarios, sino todo un proceso de producción
social del hábitat comprendido de diferentes actividades con las que se ha impulsado el empoderamiento comunitario y la defensa territorial en perspectiva ambiental, reflejándose
todo esto a nivel espacial en la gran relación que guarda el Alto Fucha con su entorno.
Metodología: La herramienta que permitió el reconocimiento de los impactos espaciales de los esfuerzos colectivos, se encontró en la misma agroecología, específicamente en un
índice de conectividad ecológica denominado por Tomás León Sicard como Estructura Agroecológica Principal de los agroecosistemas mayores (EAP), la cual, si bien es una
metodología diseñada para el campo, contiene la posibilidad de ser examinada en el espacio urbano, considerando el auge que ha tenido la agroecología en el Alto Fucha y su carácter
periférico rururbano, pudiéndose orientar la observación de la agroecología urbana hacia el ordenamiento territorial en perspectiva ambiental, en tanto la EAP sirve de instrumento
para la planificación sobre el uso del suelo integrando los criterios de conectividad y (agro)biodiversidad que proporcionan “una mirada más amplia a la planificación corriente,
la cual usualmente prioriza aspectos de mercado y tecnología” (León, 2021: 189) en detrimento de la Estructura Ecológica Principal (EEP) de Bogotá.
En este sentido, se realizó un levantamiento de uso de suelo en el Alto Fucha con énfasis en la identificación de la diversificación de coberturas vegetales, corredores hídricos, unidades
agrícolas y zonas de restauración ecológica, para medir, de acuerdo con los diez criterios de la EAP, el nivel de conectividad ecológica del Alto Fucha como agroecosistema mayor,
guardando las distancias teóricas y ecosistémicas entre lo rural y lo urbano.
Resultados: En resumen, se encontró que el Alto Fucha está fuertemente conectado con la EEP, teniendo un perímetro continuo del 80,7% del perímetro total rodeado de los
ecosistemas de bosque alto andino y bosques de especies foráneas de los Cerros Orientales, y de los corredores ecológicos de ronda del río Fucha en todo el borde norte del territorio y
de tres quebradas al interior y borde sur de los barrios.
Además, en su área total que considera tanto el área oficial de los barrios como las zonas verdes de importancia para la comunidad, existe un uso de suelo diferente al residencial y
comercial característicos de las dinámicas urbanas, contando con un 50,22%, de coberturas vegetales arbóreas, arbustales, herbazales, agrícolas y del corredor ecológico de ronda de
las quebradas, que permean la fragmentación ecológica del área urbana, destacándose la existencia de aproximadamente 12 huertas comunitarias y 19 huertas familiares en espacio
abierto, 14 huertas caseras o terrazas verdes, 50 jardines o cercas vivas con plantas atractivas a polinizadores, y 3 zonas de restauración ecológica.
Todo esto aporta, no sólo a que exista una variedad de especies vegetales nativas al interior del territorio y a que se tejan corredores para la conservación de la biodiversidad , con lo
que se observan especies animales nativas y endémicas; sino a que gracias a la conservación de coberturas vegetales, hay una retención de agua en el suelo que protege del desbordamiento de los cuerpos de agua -contrario a lo ocurre barrios abajo dentro de la ciudad donde se canaliza el río-, además, la siembra de especies nativas fortalece al suelo mitigando deslizamientos, y también aporta al cumplimiento de la normatividad ambiental de los Cerros Orientales para la sana transición entre el área urbana y la reserva.
Conclusiones: Lo anterior, evidencia la capacidad comunitaria para defender no sólo su derecho a la ciudad, sino a defender los derechos de la naturaleza, consolidando un ecoterritorio desde la autogestión ambiental al recuperar y fortalecer espacios para habitar los Cerros de forma sustentable, contrario al gobierno distrital y su modelo de ciudad depredador y neoliberal.