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Palabras clave. Sociedad civil, paisaje, gestión

Sabido es que en México el concepto del paisaje no tiene ningún asidero normativo. Apenas se menciona en algunas leyes estatales y federales y, por ende, es inexistente en las políticas públicas. El planteamiento de que el paisaje sea un concepto útil para la gestión territorial y ambiental ha quedado circunscrita a los intereses, cuando no, presiones de ciertos grupos de la sociedad civil. Sin duda alguna, son estos grupos, los representantes de lo que podríamos llamar: “La política del paisaje en México.” Así, en México, durante las últimas décadas se han fortalecido y han surgido asociaciones que entre sus principales objetivos está el estudio, análisis y difusión de la importancia del paisaje como herramienta de gestión territorial y ambiental, pero también de defensa de intereses profesionales.

Dichas entidades organizan congresos, conferencias, bienales y editan, de tanto en tanto, publicaciones vinculadas con sectores de la academia muy activos en la temática del paisaje. Entre éstas destacan: la decana, Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México (SAPM) fundada en 1972 por entonces un grupo de jóvenes arquitect@s del paisaje, hoy algunos de ell@s con trayectorias muy consolidadas y conocidas y que desde hace una década organiza el Congreso Nacional de arquitectura del paisaje. La Red Mexicana de estudios sobre paisajes patrimoniales (REMEPP) creada en 2014 al influjo de la realización de las primeras jornadas del mismo nombre en Puebla y que se en 2022 llegaron a su octava edición, convertida en dinamizador de nuevas temáticas con las que relacionar el paisaje. La Academia Mexicana del paisaje (ACAMPA) iniciada en 2003, aunque legalizada en 2008, con la participación de arquitectos y biólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara y que hoy sigue organizando su coloquio denominados Arte y paisaje, con visiones cada vez más abiertas a la ecología activa. Más errática ha sido el devenir de la Fundación de paisajes culturales creada en 2012 por varias arquitectas paisajistas con la clara vocación de dar a conocer paisajes desde la difusión. Más ambiguo y muy criticable es el papel de ICOMOS México, en cuanto su papel como ente analizador y pontificador de lo que es o no es paisaje cultural, marcado desde la UNESCO en una visión colonialista, eurocéntrica con muchos intereses del lobby arquitectónico. Ajena a todas estas disquisiciones asociativas entorno al paisaje está la geografía mexicana, pequeña y escasamente organizada. El paisaje, un
concepto eminentemente geográfico más allá del análisis científico, no aparece en cuanto a su posible función política.

También, han sido estas asociaciones las que han vehiculado la redacción de documentos programáticos que alertaban de la importancia del paisaje en una sociedad como la mexicana, convulsionada por la violencia y la corrupción y donde los derechos humanos están en franco retroceso y las agresiones al territorio, pensado y colonizado como recurso, son extremas y continuas. Un ejemplo de ello, ya añejo, es la publicación de la Carta Mexicana del paisaje por parte de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México (SAPM), en noviembre de 2010. Se trata de una propuesta, que coincide plenamente con otras iniciativas similares en Latinoamérica que, en no pocos casos, con la mediación de la Federación Internacional de arquitectos paisajistas (IFLA) dieron pie, en 2012, a la declaración de la Iniciativa Latinoamericana del paisaje (LALI). Elemento programático fundamental para entender el fortalecimiento del paisaje como concepto y como elemento de política pública en el continente. Con todo hay que decir que esa propuesta mexicana ha quedado muy superada por los avances acaecidos en países como Argentina, Chile, Ecuador o Colombia. Otro elemento que merece ser reseñado es la defensa de un paisaje por parte de otros grupos sociedad civil, conformados por la ciudadanía en general, sin distingos académicos o profesionales. Sin ser todavía muy numerosos, en los últimos quince años han aparecido en México diversos colectivos de ciudadanos que tienen en común la protección y defensa de un determinado patrimonio cultural. Ese patrimonio muchas veces se incardina en un contexto urbano, en otras, las menos, es de carácter natural y se vincula a la defensa de un paisaje determinado. Por lo general, no se busca simplemente la defensa de un único edificio, su acción pasa por la valorización de un conjunto que conforma un paisaje, ya sea urbano, ya se natural, que recoge la memoria y la identidad de los habitantes de ese entorno. Dos casos son paradigmáticos: el de la defensa de La Bufa y los Picachos en Guanajuato ciudad y la defensa del paisaje vitivinícola del Valle de Guadalupe en Enseñada, Baja California, que hoy ha llega a un punto de no retorno antes las graves agresiones que padece ese espacio geográfico.

En esta ponencia queremos hacer, más allá de un simple recuento de acciones y de programas, un análisis específico de los objetivos e intereses de todas estas asociaciones. Aduciendo que su labor, en todo caso, es necesaria, pero no se encuentra articulada entre sí. Y funcionan en la mayoría de los casos, como compartimientos estancos entre ellas, pues responden a sus propios intereses. Finalmente, no caminan o no encuentran la vía para vertebrar una verdadera utilidad del paisaje en cuanto a la gestión territorial y ambiental.

Palabras claves: Paisaje hídrico, subalternidad, paisajes dominantes y ausentes.
A lo largo del río Biobío en Chile, y a través de diversos procesos de ocupaciones hispano chilenas, han confluido, por una parte, imaginarios geográficos hegemónicos de grupos dominantes con sentido estratégico de apropiación territorial del río y sus recursos naturales (Svampa & Viale, 2014), humanos (Martínez, Marrero & Pérez, 2013) y territoriales (Barrado, 2011; Halvorsen, 2020), por otra, de imaginarios geográficos subalternos o subalternizados (Spivak, 2003) de diferentes grupos y comunidades que negocian, resisten o son excluidos bajo dichos mecanismos de apropiación de los ámbitos hídricos del Biobío (Rausch et al., 2020). En la actualidad, y si bien se han asentado sobre el río Biobío lógicas productivistas y de uso extractivista por parte de los grandes centros urbanos, sistemas de monocultivos e industrias que hacen profuso uso de las aguas del río, siguen persistiendo memorias y prácticas disidentes, tensionando las trayectorias historizadas de la Colonialidad sobre el río.
Se problematiza al río Biobío como un elemento fundamental de un paisaje hídrico en continuo conflicto, en el cual convergen paisajes como entramados de materialidades y subjetividades (Garrido, 2013), que dan cuenta de patrones simbólicos y acervos culturales divergentes, dentro de territorios imbricados. De esta manera, los imaginarios geográficos operados sobre el río Biobío, tienen una expresión material y simbólica en los paisajes modelados por grupos dominantes, o evocados-negados por grupos subalternos en la espacialidad historizada del río. Se sugiere el reconocimiento de dichos mosaicos de paisajes, como trayectorias de construcciones dominantes y de resistencia en el río Biobío, donde parte de las relaciones hegemónico-
subalternas se explica en los paisajes hídricos, donde el peso de los escenarios y sus ambientes derivados (urbano, rurales, monocultivos, energéticos, industriales, etc.) aún son determinantes en las producciones espaciales sobre el entramado territorial del río Biobío.
A partir de lo anterior, se plantea un estudio cuyo objetivo de investigación tiene como propósito principal analizar los paisajes ribereños de la Provincia de Concepción, como formas representacionales y simbólicas de los imaginarios geográficos que han operado sobre el río Biobío, y como dicho paisaje hídrico, modelado desde la anexión del río en el proceso de expansión chileno en adelante, es un lugar que permite o inhibe producciones espaciales específicas de la población indígena en el paisaje historizado de la Colonialidad.
Lo anterior, a través de una construcción narrativa geo-antropológica de la intertextualidad de las imágenes/relatos de la población criolla e indígena de las riberas del río Biobío de la Provincia de Concepción. Interpretaciones materiales y subjetivas que deben ser relacionados a lo largo de la ribera a través de una etnografía multilocalizada, para indagar precisamente en las relaciones de los paisajes y sus fragmentos de escenarios que constituyen el espacio hídrico modelado, imprescindibles para comprender y relacionar la espacialidad historizada de los paisajes dominantes y ausentes del río Biobío.

Palabras clave: bosque, conservación, ecología política, Milpa Alta, paisajes de poder. Resumen El paisaje ha sido abordados desde diferentes disciplinas como al la arquitectura, la ecología, la geografía, la antropología y la sociología, por señalar las principales. De igual forma, se han desarrollado diversas metodologías para su estudio. En este trabajo es un acercamiento para reflexionar sobre cómo el paisaje puede ser un concepto analítico que permita la construcción de agendas políticas que fortalezcan o faciliten el ejercicio pleno de los derechos humanos, principalmente de aquellos actores sociales que no han logrado un reconocimiento pleno de sus derechos. Los objetivos son a) analizar las transformaciones territoriales que han ocurrido en los pueblos originarios de Milpa Alta en los últimos 50 años y que se expresan en la construcción de paisajes específicos; b) identificar qué paisajes están surgiendo como resultado de los procesos organizativos que se generan para hacer frente a los efectos del cambio climático. Para lograr los objetivos, se utiliza el enfoque de ecología política, el cual parte de que la relación sociedad naturaleza está definida por relaciones de poder entre los actores involucrados, que la crisis ambiental no se resuelve solamente con opciones tecnológicas, sino que es un asunto político (Robbins, 2012); particularmente, este enfoque en América Latina se ha nutrido de las reflexiones surgidas del acompañamiento de los movimientos sociales en defensa del territorio (Alimonda et al., 2017). De igual forma, se retoma la propuesta de paisajes de poder (Escalona y Barton, 2020), la cual sostiene que los paisajes no surgen de forma neutral, sino que son producto de las relaciones de poder y hegemónicas en las que están involucrados los intereses económicos y políticos de las elites. Por lo tanto, los paisajes son cambiantes y el resultado de procesos socio-históricos que están detrás de las transformaciones socioterritoriales. Se utiliza una metodología cualitativa y la información se obtiene a través de entrevistas a los actores involucrados de los pueblos de Milpa Alta, revisión de documentos que muestran los principales cambios que ha habido en el territorio milpaltense y las respuestas de sus habitantes, lo cual refleja la construcción del paisaje y sus cambios. Los resultados indican que en 1947, el Gobierno Federal otorgó a la Papelera Loreto y Peña Pobre una concesión por 60 años para explotar los bosques que se encontraban en el territorio comunal de los pueblos de Milpa Alta. El hecho anterior obedecía a la necesidad de materia prima que tenía la papelera, debido a que crecía a un ritmo acelerado. El surgimiento de un interés del Estado por el bosque de Milpa Alta estaba vinculado con la idea de desarrollo y de apoyo firme para aquellos actores que prometían invertir en éste. En consecuencia, la ocupación e interés en la zona adquirió un nuevo significado, la de incorporar a los pueblos de Milpa Alta al “progreso”. Ante la explotación de los bosques por parte de la papelera, en 1974, los milpalteneses logran conformar una organización llamada los Constituyentes de 1917, la cual buscaba terminar con la concesión que tenía la papelera, lo cual se logra hasta mediados de los ochenta. Sin embargo, antes de lograrlo, consiguieron evitar que una escuela del Instituto Politécnico Nacional se extendiera sobre el bosque comunal, asimismo, evitaron que la Comisión Federal de Electricidad deforestara el bosque para construir una línea eléctrica. Si bien, desde que llegó la papelera a los bosques de Milpa Alta, los integrantes de estos pueblos tenían un discurso de cuidado del medio ambiente; en los últimos 15 años se ha intensificado y junto con el discurso de afectaciones vinculadas con el cambio climático, se ha detonado una acción colectiva en defensa del bosque, la cual incluye exigirle al Estado poder decidir sobre el territorio que lo conforma. En conclusión, se puede sugerir que en Milpa Alta han emergido tres paisajes desde la década de los cuarenta. Primero, el bosque como un recurso para la industria papelera, en el cual fueron excluidos los milpaltenses de su propio territorio. El segundo, cuando los milpaltenses se organizan y logran “frenar” el despojo por parte del Estado. El tercero es cuando, ante los efectos del cambio climático, se detona un proceso de acción colectiva para hacerle frente, entre otros elemento, a través de la conservación comunitaria del bosque y la exigencia al Estado para decidir sobre éste.